El campo en sí mismo es el “inductivo” de su valor, el que dependerá ciertamente de la capacidad de producción de la tierra (inmueble), y quedará en el análisis económico profesional para el negocio inmobiliario como es el impacto de sus mejoras en el precio, dependiendo de cada caso en particular su tipo de explotación: agrícola, ganadera, mixta, forestal…
Abordar el estudio económico para propiedades rurales tiene una perspectiva muy distinta al proceso de estudio en el ámbito urbano, si bien pudimos visualizar los impactos extrínsecos al decir que el precio de un producto inmobiliario en ciudad está supeditado a la ubicación dentro de la misma, pues contrario sensu, en el ámbito agropecuario la apreciación valorativa del capital inmobiliario es inductiva ya que depende exclusivamente del inmueble y su capacidad de producir en cantidad y calidad.
La tierra agropecuaria en sí misma marca su propia tendencia económica, es decir “induce” las valoraciones, si bien a priori se puede gestionar la comercialización de un inmueble rural que se encuentra ubicado en una región de mucha productividad y el profesional “deduce” que por la ubicación lógicamente su valor es importante, pero luego resulta que el inmueble en cuestión sufre anegamientos importantes en épocas de precipitaciones pluviales que anulan la productividad en varios meses del año, estaría de más decir por lo tanto, que esa tierra no tiene el mismo valor que el resto de las que se cotizan en la zona, por lo que la regla económica del “proceso inductivo” para determinar valores en este tipo de capital deja en total evidencia que cada campo produce de manera distinta, otorgando variadas rentabilidades, por lo que el valor se verá reducido si la producción se afecta, limita o extingue, por el motivo que fuere.
Entonces si la tierra rural vale por lo que produce es necesario estar informados sobre los niveles de producción y características que estos representen en la zona de estudio comercial, siendo oportuno rescatar todo tipo de información que brinden los organismos estatales a fin de tener un panorama general, como por ejemplo para Argentina desde el INTA, en Chile desde el INDAP, en Colombia el ICA, el INIA en Uruguay, etc., o más aún, de organizaciones con acuerdos oficiales que nucleen a varios países, como el OIRSA (Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria) que tiene como países miembros a Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, Belize y México). La información oficial sobre los niveles de productividad (agrícolas-ganaderos) determinará la importancia de la tierra en la región y por ende su impacto económico en el mercado inmobiliario.